Nota de la editora: Este artículo fue escrito originalmente por Brendon Bordwine el 20 de octubre de 2025. Trabajamos para preservar el significado original en la traducción, pero no lo podemos garantizar.
Aunque la Universidad últimamente escogió no firmar el «Pacto para Excelencia Académica en Educación Superior,» el rector interino de la Universidad, Paul Mahoney, dejó abierta la posibilidad de una colaboración en el futuro y enfoques alternativos en su carta al Departamento de Educación. Esta posibilidad de cooperación ha llegado a pesar de meses de un aumento de investigaciones federales y conflicto del liderazgo en la Universidad.
El Pacto fue mandado a nueve universidades el 1 de octubre y estableció una serie de condiciones – como una congelación de matrículas durante cinco años, límites en la inscripción de estudiantes internacionales y restricciones en admisiones basadas en raza, entre otras condiciones – en cambio de acceso preferencial a fondos federales.
Según The Wall Street Journal, May Mailman, un consejero principal para proyectos especiales en la Casa Blanca, dijo que las nueve universidades que fueron inicialmente invitadas fueron seleccionadas porque podían ser o eran «buenos actores.»
«Tienen un presidente que es un reformista o una junta directiva que realmente ha indicado que están comprometidos a educación de mejor calidad,» Mailman dijo.
Sin embargo, la Universidad gastó la primera mitad de este año en desacuerdo con el gobierno federal y bajo la presión del Departamento de Justicia lo cual causó que el presidente anterior de la Universidad, Jim Ryan, renunciara.
El Departamento de Justicia mandó la primera de las siete cartas a la Universidad el 11 de abril. Solicitó datos detallados sobre decisiones de admisiones, calificaciones de exámenes y premios de ayuda financiera para verificar que la Universidad cumpliera con la sentencia del Tribunal Supremo de 2023 en Estudiantes para Admisiones Justas contra Harvard. El Departamento de Justicia dijo que buscó asegurarse que la raza ya no fuera un factor usado en el proceso de admisiones de la Universidad.
Poco después de la primera de estas dos cartas, Ryan se unió a más de 180 presidentes de universidades en firmar una declaración colectiva condenando lo que describian como intrusión federal creciente en la gobernanza de educación superior por la administración de Trump. Aunque la declaración solicitó «compromiso constructivo,» criticó duramente los esfuerzos para limitar iniciativas de diversidad y advirtió que la presión política de Washington arriesgaba socavar la independencia institucional.
«Como líderes de colegios, universidades, y sociedad académicas de Estados Unidos, hablamos con una voz contra la extralimitación gubernamental sin precedentes y interferencia política que ahora está poniendo en peligro la educación superior estadounidense,» la declaración decía.
Ryan fue el único presidente de una universidad pública en Virginia que firmó la carta. Las otras tres firmas de Virginia representaban instituciones privadas.
Aunque Ryan y otras universidades hicieron objeciones al “exceso federal”, el Departamento de Justicia envió cinco cartas más en las que notificó a Ryan y a los líderes de la Junta que estaba lanzando una investigación por parte de la Universidad del Título VI de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe a un beneficiario de asistencia financiera federal discriminar por motivos de raza, color u origen nacional. La carta advertía que la falta de cooperación conduciría a la suspensión o terminación de la asistencia financiera federal.
El Departamento de Justicia envió dos cartas finales diez días antes de la renuncia de Ryan, afirmando que el entonces presidente había “participado en intentos de desafiar y evadir las leyes federales contra la discriminación”. El Departamento dijo que su paciencia se estaba “adelgazando” y amenazó con involucrar a otras agencias federales o terminar los fondos por completo si no se tomaban medidas correctivas inmediatas.
En su mensaje a la Universidad que anunció su renuncia enviado el 27 de julio, Ryan escribió «no podía tomar una decisión unilateral de luchar contra el gobierno federal para salvar [su] propio trabajo»
Ahora, cuatro meses después de la renuncia de Ryan y casi tres meses desde que Mahoney fue nombrado, la administración Trump ha agrupado a la Universidad como un «buen actor.» Aunque cinco investigaciones del Departamento de Justicia siguen abiertas, dos cerraron en septiembre. Estas investigaciones fueron cerradas, dijo el Departamento de Justicia en una carta enviada al asesor legal externo de la Universidad, debido a la cooperación de la Universidad y las «acciones correctivas» que había tomado.
Mahoney dijo en una reunión con la Junta en septiembre que continuará colaborando con el Departamento de Justicia para cerrar también las investigaciones restantes.
Menos de un mes después, la Universidad fue una de las nueve instituciones que recibieron una invitación para unirse al Pacto
«Gracias por su incansable trabajo para mejorar la educación superior en nuestro país,» la invitación leyó. «La Administración está comprometida con una visión de futuro de la educación superior que sirva a nuestra nación al ayudar a la próxima generación a convertirse en líderes resilientes, curiosos y morales, inspirados en los valores estadounidenses y occidentales.»
Aunque Mahoney eligió a no unirse, argumentando en su respuesta a la administración que los premios de financiación de la investigación deberían concederse sobre la base del mérito, acogió con satisfacción la posibilidad de una futura colaboración— aunque cómo podría ser esa colaboración no está claro.
«La educación superior enfrenta desafíos significativos y no siempre ha estado a la altura de sus más altos ideales,” Mahoney escribió. «Creemos que el mejor camino hacia un proceso real y duradero radica en una conversación abierta y colaborativa. Esperamos trabajar juntos para desarrollar enfoques alternativos y duraderos para mejorar la educación superior.»




