El artículo no expresa las opiniones o posiciones de los traductores. El artículo es una versión traducida del artículo que se encuentra a continuación:
http://www.cavalierdaily.com/article/2018/10/baker-americas-public-defense-system-must-be-reformed
Escritor original: Matthew Baker
Traducido por: Josefina Waquin y Hannah Fernandez
Cuando se escriben artículos de opinión sobre la reforma de la justicia penal, la mayoría tiende a centrarse en la reforma de las sentencias, las malas condiciones de la prisión y las desigualdades raciales inherentes al sistema actual. Sin embargo, escritores, activistas y legisladores que trabajan para reformar esas leyes y procedimientos, aunque son importantes por sí mismos, pasan por alto los mayores desafíos que enfrenta el sistema de justicia penal: la falta de fondos y la mala administración del sistema de defensa pública.
En 1963, el caso del Tribunal Supremo Gideon v. Wainwright estableció que todos los ciudadanos, independientemente de la capacidad de pago, tienen derecho a un abogado. En las décadas transcurridas desde 1963, el porcentaje de encarcelamiento en Estados Unidos ha crecido exponencialmente, en parte, debido a leyes discriminatorias y rígidas como la "Ley del Crimen" de 1994. Sin embargo, el dinero y los recursos dedicados a defender a los recién acusados y encarcelados no han aumentado comparativamente. Como resultado, la mayoría de las oficinas de defensa pública crónicamente carecen de personal; es posible que un defensor público sea asignado más de 346 casos por año. Una carga de 346 casos por año promedia aproximadamente un caso y medio por día. Permítanme reformular: para ayudar adecuadamente a un ciudadano que puede ser condenado injustamente por un delito, un defensor público promedio recibe menos de un día.
En las ciudades más pobladas, la situación es aún más grave. Algunos periodistas de investigación estiman que los defensores públicos en Nueva Orleans, Detroit y Atlanta solo pueden dedicar una hora para cada caso. Innumerables defensores públicos están sobrecargados de trabajo, y como resultado, muchos de ellos recomiendan que su cliente acepte acuerdos injustos, lo que lleva a la frase común “Meet 'Em and Plead' Em” [Conócelos y Suplicales]. Tanya Greene, una abogada de ACLU (American Civil Liberty Unions) [Unión Americana de Libertades Civiles], afirmó en su artículo de Mother Jones, “Tienes tantos casos, recursos limitados, y no hay alivio. Vas a trabajar, obtienes más casos. Debes triar”. Triaje no es un término que se debería usar para describir el proceso de defensa de la vida y la libertad de un individuo ante los tribunales.
En un país donde entre el 90 y el 95 por ciento de los casos penales se deciden mediante un acuerdo con el fiscal, en lugar de un juicio, ignorar la mala gestión crónica y la sobrecarga del sistema de defensa pública mientras se intenta corregir los otros componentes es como intentar reorganizar las sillas de la cubierta del Titanic.
Además, al igual que muchos problemas en nuestra nación, la crisis actual afecta desproporcionadamente a los estadounidenses de bajos ingresos. Los estadounidenses que pueden pagar una defensa privada tienen muchas más posibilidades de obtener una fianza y salir libres. Mientras que los estadounidenses adinerados pueden darse el lujo de contratar a abogados profesionales, los estadounidenses de bajos ingresos se ven obligados a esperar que su acuerdo con el fiscal no incluya el tiempo cumplido. Llega un punto en el que la equidad del sistema de defensa pública se convierte en un asunto constitucional – si los estadounidenses de bajos recursos no tienen el acceso adecuado a defensoría legal, no reciben “el debido proceso legal” o “el derecho a un abogado” como estipula la sexta enmienda de la Constitución y la decisión del Tribunal Supremo en el caso de Gideon vs. Wainwright, respectivamente.
El primer paso para arreglar el sistema corrupto es estandarizar los 50 estados. Actualmente, los estados no están requeridos a contribuir ninguna suma hacia la defensa de sus ciudadanos, y muchos estados en lugar de asumir la responsabilidad, se la pasan a un gobierno federal con fondos insuficientes. Esto ha llevado a ciertos estados a no gastar nada en defensa pública bajo del disimulo de “prudencia fiscal”, aunque no proveer defensa apropiada puede causar la pérdida de millones de dólares en demandas y puede llegar a gastos mantenimiento de cárcel astronómicamente altos. El gobierno federal debe requerir que los gobiernos estatales suban sus presupuestos del sistema de defensa pública para igualar la velocidad con la cual están encarcelando a sus propios residentes, y debe crear una fórmula estandarizada para financiarlo de manera en que no le ponga toda la carga a los condados locales. Asegurar que dinero suficiente sea disponible permitirá a los defensores públicos contratar a empleados adicionales para disminuir de la carga de trabajo aproximado para cada caso, proveyendo a todos los americanos su derecho constitucional al debido proceso legal.
Creando un mandato en el cual los estados estén obligados a aplicar un plan de financiamiento para financiar el sistema de defensa pública y un índice que el financiamiento hacia el aumento de costos de encarcelación garantice que el número de defensores públicos aumente de acuerdo a otros costos del sistema de justicia criminal. En teoría, esto obligaría a los estados a financiar su sistema de defensa publica y gastar dinero en proteger a aquellos estadounidenses que se encuentran en situaciones de desventaja quienes tienden a ser difamados por la complejidad del sistema actual. Además, esta ley proveería incentivos adicionales a los estados que han elegido encarcelar a criminales sin el debido proceso legal, forzando a los estados a buscar maneras de reducir reincidencia y encontrar alternativas a la encarcelación, dado que cada nuevo preso le cuesta más al estado ahora que nunca.
En este país, la norma es “inocente hasta probado culpable”. El problema con esta declaración es que no todo estadounidense es dado la misma oportunidad para defender su inocencia. Cuando los estados no financian el sistema de defensa pública de manera adecuada, están denigrando a los americanos más vulnerables. Esta crisis existe en cada uno de los estados, y es más urgente que reformar las sentencias o mejorar las condiciones de las prisiones. No hay justicia en mejorar la sentencia de un individuo condenado o su celda de prisión si, con la defensa legal adecuada, ellos nunca habrían llegado a estar en esa situación.
Matthew Baker es un columnista de opinión para The Cavalier Daily. Puede ser contactado por correo electrónico a opinion@cavalierdaily.com.
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