Nota de la editora: Este artículo fue escrito originalmente por Grace Little el 15 de octubre de 2025. Trabajamos para preservar el significado original en la traducción, pero no lo podemos garantizar.
El presidente interino de la universidad, Paul Mahoney, recibió una carta del secretario de Educación de los Estados Unidos el 1 de octubre en la que se solicitaba que la universidad revisara y firmara un acuerdo en el que se detallaban ocho principios operativos a cambio de un acceso preferencial a la financiación federal. Según la carta, al firmar el acuerdo, la universidad indicaría a los miembros de la comunidad que el aprendizaje y la calidad son prioridades y se fortalecería la relación entre el Gobierno de los Estados Unidos y la universidad.
La universidad tiene hasta el 20 de octubre para enviar sus comentarios al Gobierno y hasta el 21 de noviembre para firmar el acuerdo. La universidad ha creado un grupo de trabajo para elaborar una respuesta, y tanto el cuerpo profesoral como el Senado de Virginia han expresado su oposición a la firma del acuerdo.
Algunas de las políticas de la Universidad tendrían que ajustarse para adaptarse a las prioridades del Gobierno, mientras que otras ya están en línea con los objetivos del pacto. A continuación se ofrece una visión general de algunas de las políticas existentes de la Universidad que son relevantes para cada punto del pacto.
Equidad en las admisiones
Según el pacto, los identificadores demográficos, como el sexo, la raza, la etnia, la nacionalidad, las opiniones políticas y el género, no pueden utilizarse cuando las universidades toman decisiones sobre admisiones y ayudas económicas. En su lugar, las decisiones deben tomarse de acuerdo con «criterios objetivos» publicados para que todos los solicitantes puedan verlos, y las instituciones deben exigir puntuaciones de pruebas estandarizadas y comunicar datos anónimos, como el GPA y las notas de las pruebas de los estudiantes admitidos y rechazados.
«Tratar a ciertos grupos como categóricamente incapaces de lograr resultados —y, por lo tanto, necesitados de un trato preferencial— reproduce una peligrosa etiqueta de inferioridad, destruye la confianza y no contribuye en nada a identificar o resolver los retos más urgentes a los que se enfrentan los jóvenes con aspiraciones», reza el Pacto.
De acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de prohibir la discriminación positiva en 2023, la Universidad no utiliza la raza como factor en las decisiones de admisión. Según la Oficina de Admisiones de Estudiantes Universitarios, los evaluadores de solicitudes no tienen acceso a información relativa a la raza, el origen étnico o los vínculos familiares con la Universidad de los solicitantes.
La Universidad implementó por primera vez una política de pruebas opcionales para el ciclo de admisiones de otoño de 2021 y seguirá siendo opcional hasta el ciclo de admisiones de otoño de 2026. Según la Oficina de Admisiones de Pregrado, los evaluadores de solicitudes no darán ventaja a las solicitudes que presenten resultados de pruebas. La Universidad no publica el promedio de GPA ni los resultados de las pruebas de los estudiantes admitidos y rechazados, aunque sí se puede encontrar información detallada sobre las tasas de admisión de los estudiantes de pregrado por género, raza y residencia. Los resultados medios del SAT de los estudiantes admitidos también se encuentran normalmente disponibles en línea.
Mercado de ideas y discurso civil
El Pacto pide que la Universidad mantenga un «mercado vibrante» de ideas y puntos de vista diferentes, sin que ninguna ideología predomine sobre las demás. Para lograr un mercado diverso, las universidades deben revisar las estructuras que «menosprecian» o « provocan violencia» contra las ideas conservadoras. El Pacto también establece que las universidades deben comprometerse a restringir las manifestaciones disruptivas y el acceso limitado a partes del campus por motivos de raza, etnia, nacionalidad o religión de los estudiantes. Los signatarios también deben prohibir las llamadas a la violencia y aplicar restricciones con respecto a la libertad de expresión.
Según el Manual del Profesorado para el año académico 2025-26, la Universidad adopta la política de que sus profesores tienen derecho a plena libertad en la investigación y en los debates en el aula, siempre y cuando no se introduzcan materiales controversiales sin motivo. Sin embargo, en su «posición especial» como educadores, los profesores deben actuar con moderación para garantizar que reflejan bien la imagen de la institución.
En lo que respecta a las protestas y manifestaciones, la Universidad respeta y fomenta la actividad expresiva, aunque ha establecido límites en cuanto al momento, el lugar y la forma en que pueden llevarse a cabo estos eventos.
No hay áreas en el campus que estén restringidas a determinados estudiantes por motivos demográficos, como la raza. Sin embargo, algunas opciones de alojamiento están destinadas a grupos específicos de estudiantes, como el International Residential College, donde el 30 % de los residentes son estudiantes internacionales. La universidad también ofrece espacios en los que se anima a los estudiantes de un determinado grupo demográfico a reunirse, como el Centro Estudiantil Multicultural y el Centro LGBTQ.
No discriminación en la contratación de personal facultativo y administrativo
El Pacto exige a los signatarios que contraten a personal facultativo y administrativo sin tener en cuenta factores como el sexo, la raza, la religión y el origen étnico. Según la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Derechos Civiles de la Universidad, esta se adhiere actualmente a una política de no discriminación para garantizar que las decisiones de contratación se basen en los méritos.
«Todas las personas son consideradas... en función de sus méritos en relación con los conocimientos, habilidades y experiencia necesarios», reza la política de la Oficina. «La Universidad no discrimina en función de [identificadores demográficos]».
Neutralidad institucional
Al exigir neutralidad institucional, el Pacto exige que los empleados de la Universidad, en su calidad de representantes de la misma, se abstengan de realizar declaraciones públicas o acciones relacionadas con eventos sociales y políticos. Esta política solo puede evitarse cuando los eventos tienen un impacto directo sobre la universidad.
«Se anima a todos los miembros de la universidad, incluidos los estudiantes, el profesorado y el personal, a comentar los eventos actuales a título individual, siempre que no pretendan hacerlo en nombre de la universidad o de cualquiera de sus subdivisiones», dice el Pacto.
En septiembre de 2024, la Junta de Visitantes de la Universidad adoptó por decisión unánime una política que recomienda que la Universidad se abstenga de comentar cuestiones sociales y políticas, a menos que estén directamente relacionadas con las operaciones de la Universidad.
De manera similar a las políticas de la universidad en relación con el punto del Pacto sobre el «mercado de ideas y el discurso civil», los profesores tienen actualmente derecho a facilitar los debates en el aula, siempre que todos los temas contribuyan de manera significativa a su enseñanza, y la universidad pide al profesorado que sea consciente de cómo sus palabras se reflejan en la universidad.
Aprendizaje de los estudiantes
El Compacto dijo que los grados de los estudiantes deben reflejar con exactitud la “calidad, amplitud y profundidad” de los logros de los estudiantes. Adicionalmente, las universidades deberían rendir cuentas a la distribución de calificaciones que sean publicadas públicamente junto a datos de años previos y comparar con instituciones compañeras.
La Universidad califica con una escala de A-F y ha publicado datos del promedio de GPA de estudiantes desde el semestre de la Primavera del 2010, descompuesto por género, escuela o año. Los datos demuestran que el promedio de GPA ha aumentado de un 3.20 para los hombres y 3.27 para las mujeres en el 2010 a 3.58 para los hombres y 3.62 para las mujeres en el 2025. El promedio nacional cae alrededor de 3.15 según los datos del 2020 del Centro Nacional para Estadísticas Educativas.
Igualdad Estudiantil
Los firmantes deben adoptar políticas que interpreten “masculino”, “feminino”, “mujer”, y “hombre” según la función reproductiva y procesos biológicos. Además de caracteristicas que determinan espacios de un solo sexo y separación cuando sea necesario para asegurar competicion justa, como en los deportes, otras caracteristicas como raza no debe permitir tratamiento desigual.
La Universidad mantiene una política de inclusión de género — la política afirma un compromiso a un medioambiente que está libre de discriminaión basado en identidad de género y expresión. Aunque la Universidad no tenga una política específica para atletas transgéneros, según la página del Centro de LGBTQ, cambiar el indicador de género pudiera tener implicaciones adicionales debido a las reglas de elegibilidad del jugador NCAA. Los estudiantes considerando cambiar su indicador de género deberían buscar asistencia a través del Departamento de Medicina Deportiva.
Responsabilidad Financiera
El Compacto requiere que los firmantes prevengan deudas “que cambia la vida” que el aumento de los costos de matrícula universitaria puede infligir para estudiantes, demostrar transparencia y expandir oportunidades profesionales para los miembros y veteranos de servicio de la militar del país. Las Universidades también deben de eliminar programas que no proporcionan a los estudiantes un reembolso en sus inversiones y usan sus dotaciones para el “bien público” — universidades con dotaciones sobre $2 millón por cada estudiante no deben cobrar matrícula para estudiantes persiguiendo programas de ciencias difíciles.
La dotación de la Universidad es aproximadamente $14 billón, promediando a más de $800,000 por cada estudiante. Como tal, la Universidad no sería necesario ofrecer matrícula gratis para estudios de ciencias duras.
La matrícula de la Universidad aumentó aproximadamente un 3 por ciento para el año académico del 2025-2026 y de 35 por ciento sobre los pasados diez años. Aún, la Universidad cubre el costo de la matrícula para familias dentro del estado que hacen menos de $100,000 por año, y el costo entero de la matrícula, tasa, alojamiento y comida para familias de Virginia que hacen menos de $50,000. U.S. News y World Report también clasifico la Universidad como #2 en la nación por “Mejor Valor.”
La Universidad pública datos de sus graduados que incluye distribuciones de salario por especialización, el porcentaje de graduados trabajando y desempleado, distribución del empleo por sectores, estudiantes persiguiendo títulos de posgrado y más. Varios beneficios educacionales federales y del estado aplican al servicio activo de miembros y veteranos de la Universidad.
Enredos Extranjeros
Las Universidades que firman el compacto deben de cumplir con leyes de prevención del blanqueo de capitales y toda financiación extranjera debe ser divulgada. También requiere permiso federal para visados para estudiantes extranjeros para asegurar que estudiantes extranjeros que fueran seleccionados van a estar en apoyo de “valores Americanos y Occidentales.” La población estudiantil de la universidad no puede tener más que el 15 por ciento de estudiantes participantes en el Programa de Intercambió con Visado de Estudiante.
Según la Oficina de Admisión de Estudiantes Universitarios, aproximadamente el 5 por ciento de las clases que ingresan a la Universidad son estudiantes nacionales extranjeros. La Universidad actualmente está requerida a divulgar financiación extranjera superando $250,000 al Departamento de Educación según Sección 117 del Acto de Educación Superior.
En resumen, aunque mucha de las prácticas de la Universidad — incluyendo políticas relacionadas con admisiones sin discriminación y las decisiones de contratación, datos de GPA públicados, espacios abiertos para todos los estudiantes y libertad de expresión para facultad — ya alinean a las prioridades del Compacto, muchas políticas universitarias no. Una congelación de las tasas de matrícula para los siguiente cinco años, permiso federal para admitir estudiantes internacionales y la adopción de definiciones claras de género sería solo uno de los cambios que la Universidad necesitaría implementar al firmar el Compacto.
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