Nota de la editora: Este artículo fue escrito originalmente por Luca Bailey el 17 de febrero de 2026. Trabajamos para preservar el significado original en la traducción, pero no lo podemos garantizar.
El juez Daniel Bress, del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y antiguo alumno de Derecho de la Clase de 2005, se unió al prof. Asoc. de Política Gerard Alexander para una discusión el 10 de feb. sobre la ley de inmigración federal. Entre los temas discutidos estuvieron el U.S. Immigration and Customs Enforcement, cómo las controversias actuales sobre políticas de inmigración se han manifestado en casos judiciales y la naturaleza del trabajo de Bress como juez de un tribunal de apelación.
Este evento tuvo lugar en Monroe Hall y fue copatrocinado por The Blue Ridge Center, la Undergraduate Law Review de la Universidad y Phi Alpha Delta — una fraternidad prejurídica de la Universidad.
Siguiendo su conversación, los estudiantes participaron en una sesión de preguntas y respuestas en la que varios le preguntaron a Bress que elaborara sus posiciones sobre problemas como el debido proceso en las cortes de inmigración. Bress enfatizó su confianza en el poder judicial federal mientras que también destacó el tratamiento diferente de acusados criminales e individuos en procedimientos de inmigración en los Estados Unidos.
La discusión se centró en lo que Alexander llamó el «tema candente» en torno a los procedimientos y las prácticas de aplicación de la ley de ICE — particularmente debates sobre el debido proceso y la autoridad ejecutiva en las imposiciones de inmigración. Cuando se le preguntó si estos debates habían surgido en casos judiciales recientes destacados, Bress dijo que sí.
«Yo creo que los problemas con los que lidias en la corte son una imagen especular de lo que ves en la sociedad», dijo Bress. «Cuando ves algo en las noticias en estos tiempos, es muy fácil … convertirlo en una demanda.»
Bress señaló casos que involucraron residentes permanentes legales — incluyendo titulares de tarjetas de residencia y visas estudiantiles — como ejemplo de cómo se desarrollan los debates sobre políticas de inmigración en la corte. Según Bress, estos individuos tienen permiso para estar en los EE.UU. si cumplen ciertas condiciones, entre ellas los requisitos de renovación de visa. Explicó que han surgido disputas cuando el gobierno federal revoca ese permiso. Esto a menudo conduce a detenimientos por ICE sin juicio, lo que suscita la preocupación de que tal tratamiento constituye un encarcelamiento ilegal.
Alexander le preguntó a Bress quién suele representar a residentes permanentes legales ante la corte de inmigración. Bress dijo que, como el derecho a un abogado no se aplica a los procedimientos de inmigración, la respuesta varía. Empresas de interés público, organizaciones sin ánimo de lucro, y abogados de inmigración que trabajan de forma gratuita muchas veces se encargan de estos casos.
Alexander describió a grandes rasgos el funcionamiento del poder judicial federal y dijo que, como juez del tribunal de apelación, Bress revisa las sentencias del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos cuando el partido perdedor interviene en apelación por considerar que la sentencia fue injusta. Hay múltiples cortes de apelaciones a través del país donde cada uno tiene jurisdicción sobre un circuito — una región particular de los Estados Unidos.
Una característica clave del Noveno Circuito — que incluye California y Arizona — es que ambos estados tienen frontera con México. Por esta razón, Bress dijo que el Noveno Circuito maneja un número más alto de casos migratorios con una carga de trabajo que totaliza más que la de otros circuitos.
Según Bress, algunas disputas migratorias no provienen del Tribunal del Distrito, sino de la Junta de Apelaciones Migratorias. Afirmó que estos casos pueden involucrar solicitantes de asilo cuyas solicitudes fueron rechazadas por la rama ejecutiva y son revisadas por la corte de apelaciones — que reexamina decisiones legales en vez de reintentar los casos. La carga de trabajo del Noveno Circuito también incluye casos criminales que involucran cruces del borde no autorizadas y violaciones de importación y exportación como el tráfico de humanos o drogas.
Si alguien en el Noveno Circuito impugna las políticas federales de inmigración por ser inconstitucionales o por entrar en conflicto con la legislación vigente, Bress dijo que estas impugnaciones —las que «se ven mucho» en las noticias— pasan directamente al Tribunal de Apelaciones sin ser escuchadas primero en el Tribunal de Distrito.
Bress también le dijo a Alexander que, en una época en la que muchos han perdido la fe en el sistema legal, él cree que el poder judicial federal está bien diseñado a pesar de sus imperfecciones. Dijo que se asegura de que el debido proceso sea justo al tomar decisiones judiciales, pero enfatizó que el proceso no tiene que ser perfecto.
«Antes de emitir [decisiones judiciales], quiero asegurarme de que [ha habido] un buen y justo proceso», dijo Bress. «No es necesario que sea un proceso [debido] perfecto, porque si insistimos en ello, tendremos consecuencias importantes desde el punto de vista de la seguridad pública, pero la ley insiste en algunas protecciones realmente rígidas».
Algunos ejemplos que Bress dio de estas protecciones son el derecho a un juicio con jurado, la necesidad de que las fuerzas del orden obtengan una orden judicial antes de registrar las pertenencias de las personas o realizar una detención, y la «regla de exclusión», que establece que las pruebas obtenidas ilegalmente por las fuerzas del orden no son admisibles en los tribunales.
Durante la sesión de preguntas y respuestas, un estudiante preguntó a Bress cómo las críticas habituales a los procedimientos de la ley de inmigración —incluidas las preocupaciones de que el ICE pueda emitir sus propias órdenes judiciales y de que la asistencia letrada no sea un derecho garantizado— afectan a la fe de Bress en el sistema legal.
Según Bress, la diferencia clave entre un acusado penal y las personas en procesos de inmigración radica en el nivel de protección y apoyo que cada uno recibe. Explicó que a los acusados penales se les han concedido más derechos procesales que a los acusados ante los tribunales de inmigración.
Otro estudiante preguntó cómo determina la ley de inmigración si las experiencias de los inmigrantes que solicitan asilo cumplen con los requisitos legales para recibir protección. Bress explicó que algunas experiencias, como ser perseguido en su país de origen por motivos protegidos, justifican la concesión de asilo por parte del gobierno federal, mientras que otras no cumplen los criterios. Bress recordó a los estudiantes que la mayoría de las políticas de inmigración son creadas por el Congreso y que los jueces son responsables de aplicarlas.
El estudiante universitario de primer año Zayd Benjelloun asistió al evento y preguntó a Bress sobre el caso de Mahmoud Khalil, un estudiante de la Columbia University y activista propalestino cuya visa de estudiante F1 fue revocada por el State Department. Los agentes del ICE arrestaron a Khalil sin una orden judicial el 8 de marzo de 2025 y lo detuvieron en un centro de detención en Luisiana, donde un juez de inmigración del poder ejecutivo dictaminó que Khalil debía ser deportado. Bress explicó que los jueces no pueden comentar casos específicos.
Una vez concluido el evento, Benjelloun dijo que, a pesar de que le hubiera gustado que Bress hubiera respondido más directamente a su pregunta sobre Khalil, como persona interesada en convertirse en abogado de inmigración, disfrutó de aprender sobre la trayectoria judicial de Bress y su enfoque en los casos de inmigración.
«Me gustó mucho escuchar [sobre] su experiencia como juez... básicamente cómo maneja su jurisdicción», dijo Benjelloun.
El Blue Ridge Center copatrocinará otro evento con los Republicanos Colegiados el miércoles, en el que se les unirá Robert Doar, presidente del American Enterprise Institute, para debatir en profundidad cómo se elaboran las políticas en Washington D. C. en el entorno político actual.
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