Nota de la editora: Este artículo fue escrito originalmente por Nat Taylor el 4 de abril de 2026. Trabajamos para preservar el significado original en la traducción, pero no podemos garantizarlo.
En enero de 2026, durante un curso de 17 días, agentes de Immigration and Customs Enforcement asesinaron a dos ciudadanos estadounidenses inofensivos en Minnesota. Renee Good fue una madre amable de tres hijos que murió a tiros en su carro mientras veía una escena de terror en la que agentes enmascarados la rodeaban con pistolas. Alex Pretti era un enfermero de cuidados intensivos que ayudó a una mujer a la que habían disparado brutalmente, a pesar de que no era una amenaza y de que estaba desarmado tras que los agentes le retiraron la pistola de la cintura. Nadie ha sido arrestado por estos dos crímenes.
Estos incidentes son ejemplos de una tendencia muchísimo mayor que ocurre en todo el país. Bajo la dirección de la administración de Trump, ICE ha sido desplegado en muchas ciudades, (incluyendo Washington D.C. y Virginia), enmascarado como una medida para reducir el crimen, lo que ha resultado en personal armado, vigilancia y arrestos en ciudades estadounidenses. Estos agentes han violado decenas de leyes federales y estatales al entrar a casas sin órdenes de arresto, al detener observantes y protestantes, al usar fuerza excesiva y al ser anfitriones de otras actividades dubitas. Como las operaciones de la agencia se han intensificado, la responsabilidad por la falta de conducta de los agentes ha fallado, lo que ha puesto en riesgo a las personas en los estados donde ICE ha estado estacionado. Es importante que los gobiernos estatales se opongan a esta invasión federal – como Virginia, que ha implementado algunas medidas de no cooperación con ICE – para proteger a sus ciudadanos y poner fin a la impunidad de los agentes.
Un aspecto esencial de ICE es la invisibilidad legal en la que opera, lo que intensifica las tendencias agresivas de sus agentes. A pesar de que fue devuelto, la administración de Trump inicialmente abogó por «inmunidad absoluta» para los oficiales de ICE y ha tratado repetidamente de protegerlos de ser acusados de violar leyes sobre la fuerza excesiva, destacadas en la Cuarta Enmienda. Desde hace tiempo se recurre a una doctrina igualmente problemática, la de la inmunidad cualificada, para proteger al personal de las fuerzas del orden frente a demandas judiciales, salvo que incumplan una ley «claramente establecida». Es evidente que los funcionarios federales pretenden utilizarla como escudo frente a la responsabilidad legal, pero los legisladores de Virginia han reconocido esta situación y pretenden regularla.
Además, para eludir el proceso de obtener una orden judicial antes de allanar el domicilio de un ciudadano, ICE ha recurrido cada vez más a órdenes administrativas en lugar de judiciales. La diferencia fundamental es que el Department of Homeland Security, la agencia superior de ICE, emite las órdenes administrativas y no los tribunales. Una sola agencia ostenta ahora un poder sin precedentes de autorización y ejecución, lo que permite a los agentes de ICE obtener permiso cuando lo deseen, llegando incluso a darse casos en los que las órdenes se emiten después de que se haya producido la detención. Esto constituye una clara violación del sistema de controles y contrapesos de nuestro gobierno federal, que impide que un mismo poder ostente ambas funciones, y vulnera la protección que la Cuarta Enmienda otorga a los ciudadanos contra registros e incautaciones irrazonables. A falta de protección federal, corresponde a estados como Virginia proteger a sus residentes de estos abusos, y es imperativo que las fuerzas del orden estatales no participen en estas usurpaciones de poder inconstitucionales.
Estas cuestiones constitucionales resultan aún más preocupantes si se tiene en cuenta que la Administración Trump ha comenzado a eludir los tribunales de inmigración. La administración ha comenzado a autorizar a los funcionarios a acelerar la deportación de personas que cumplen ciertos criterios sin darles la oportunidad de impugnar el caso ni de consultar con un abogado en una audiencia. Esto vulnera claramente el derecho de muchos inmigrantes a un juicio justo y ha recibido escaso control federal por parte del Congreso. Por lo tanto, más estados deben intervenir, poniendo fin a la cooperación con el ICE e imponiendo normas más estrictas a la organización, ante la insuficiente oposición de otros poderes del Estado.
Esta lucha ya ha comenzado para muchos gobiernos estatales y locales; la propia Virginia se ha convertido en un referente de la resistencia. La gobernadora Abigail Spanberger puso fin a la colaboración entre la agencia, la Policía Estatal de Virginia y los funcionarios de prisiones, instituida bajo el exgobernador Glenn Youngkin, y la calificó de «mal uso» de los recursos. Además, se espera que Spanberger promulgue una serie de proyectos de ley que restringen las prácticas de ICE. El proyecto de ley SB 783 limita la colaboración local con los agentes, mientras que el SB 352 castiga su práctica habitual de no identificarse claramente cuando están de servicio como agentes de las fuerzas del orden. Incluso a nivel local, el plan del DHS de convertir un edificio en Hanover (Virginia) en una nueva instalación de ICE fue cancelado después de que la empresa propietaria, Jim Pattison Developments, se negara a venderlo en medio de protestas masivas.
Incluso Charlottesville se ha sumado a la lucha al aprobar, por unanimidad, el 2 de febrero, una resolución en la que se condena a la agencia y se establece una política de no cooperación. Aunque estas pequeñas medidas aún no logran abordar los problemas más graves de la impunidad y la violencia de la agencia, la disidencia pública es esencial para presionar al Gobierno a fin de que adopte nuevas políticas y frene los efectos de esta anarquía. Es imperativo que los estados sigan resistiéndose a ICE y que más gobiernos locales se sumen a la lucha para hacer frente a esta amenaza a los derechos de los ciudadanos.
ICE no es una fuerza policial. No es solo una rama del Department of Homeland Security (DHS). Se ha convertido en un grupo extralegal de soldados militantes que imponen la voluntad de Trump y aterrorizan a sus oponentes. ICE socava la democracia estadounidense al actuar como un matón, sin mecanismos que hagan responsables a sus agentes de sus actos. La historia nos enseña que cualquier grupo armado que actúe sin rendir cuentas ante la ley, o un gobierno que desilusiona a su pueblo respecto de hechos básicos, constituye una grave amenaza para todos los ciudadanos. No es solo un derecho, sino un deber, que los gobiernos estatales y locales se enfrenten a esta agencia y eviten que ahogue la delicada voz de la democracia, y Virginia ofrece un excelente ejemplo de cómo hacerlo precisamente así.
Nat Taylor es un columnista de opinión que escribe sobre política para The Cavalier Daily. Puede contactarse a través de opinion@cavalierdaily.com.
Las opiniones expresadas en esta columna no son necesariamente las de The Cavalier Daily. Las columnas representan solo las vistas del autor.
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