Nota de la editora: Este artículo fue escrito originalmente por Michael Liebermann el 2 de octubre de 2025. Trabajamos para preservar el significado original en la traducción, pero no lo podemos garantizar.
La administración Trump ha enviado una carta en la que se describe un presupuesto conjunto de principios operativos para las universidades que daría a determinadas universidades acceso preferencial a la financiación federal a cambio de cumplir ciertas condiciones, según informó el miércoles el Wall Street Journal. La Universidad es una de las nueve instituciones que la administración ha invitado a unirse a la iniciativa.
El Cavalier Daily obtuvo copias de la carta de invitación dirigida al presidente temporal de la universidad, Paul Mahoney, y la propuesta adjunta de una fuente anónima. La carta de invitación, dirigida a Mahoney, estaba firmada por la secretaría de Educación, Linda McMahon; May Mailman, asesora principal para proyectos especiales de la Casa Blanca, y Vincent Haley, director del Consejo de Política Interior y graduado de la Facultad de Derecho.
«Gracias por su incansable labor para mejorar la educación superior en nuestro país», decía la invitación. «La Administración está comprometida con una visión del futuro de la educación superior que sirva a nuestra nación ayudando a la próxima generación a convertirse en líderes resilientes, curiosos y morales, inspirados en los valores estadounidenses y occidentales».
La representante de la universidad, Bethanie Glover, confirmó que Mahoney recibió estos documentos el miércoles por la noche y ha creado un grupo de trabajo para responder.
«Esta mañana, se ha creado un grupo de trabajo bajo el liderazgo de la vicepresidenta ejecutiva y rectora Brie Gertler y el vicepresidente ejecutivo y director de operaciones J.J. Davis para que le aconsejen sobre la respuesta de la Universidad de Virginia a la carta. La universidad aún no ha tomado ninguna decisión con respecto al Pacto», dijo Glover.
La propuesta, que se llama «Pacto para la Excelencia Académica en la Educación Superior», establece diez requisitos que las universidades participantes tendrían que cumplir a cambio de lo que el gobierno describe como un apoyo federal «sustancial y significativo». Según el WSJ, las instituciones que se unan al pacto tendrían prioridad para recibir fondos federales e invitaciones a la Casa Blanca para reunirse con los funcionarios.
La Casa Blanca seleccionó las nueve universidades porque cree que son o podrían ser «buenos actores», dijo Mailman al Wall Street Journal.
«Tienen un rector que es un reformista o un consejo que realmente ha demostrado su compromiso con una educación de mayor calidad», dijo Mailman al WSJ.
Las condiciones del pacto incluyen la congelación de las matrículas durante cinco años, la prohibición de tener en cuenta la raza o el sexo en las admisiones y contrataciones, la limitación de la matriculación de estudiantes internacionales al 15 %, la obligación de que los solicitantes de matrícula se presenten al SAT o otras pruebas estandarizadas, y la limitación de la inflación de calificaciones.
Se pide a las universidades que mantengan la «neutralidad institucional», lo que incluye restringir a los empleados la posibilidad de hacer declaraciones políticas en nombre de sus instituciones. En la Universidad ya existe una política similar: los empleados deben asegurarse de no dar a entender que la Universidad apoya ninguna postura política. En septiembre de 2024, la Universidad también adoptó una «postura de neutralidad», que aconseja a los líderes que comenten sobre los eventos políticos solo cuando estos afectan directamente a la Universidad.
El pacto también exige a los campus a promover lo que describe como un «mercado de ideas».
«Los signatarios se comprometen a revisar las estructuras de gobernanza según sea necesario para crear dicho ambiente, incluyendo, entre otras cosas, la transformación o abolición de unidades institucionales que castigan, desvalorizan e incluso provocan violencia contra las ideas conservadoras», dice el pacto.
La sección más extensa del pacto, centrada en las «relaciones con el extranjero», exige a las universidades que seleccionen a los estudiantes internacionales por su «talento extraordinario» y su alineación con los «valores estadounidenses y occidentales», que informen de todos los regalos y contratos extranjeros y que implementen programas de cumplimiento contra el lavado de dinero supervisados por un funcionario designado.
«Las universidades que dependen de los estudiantes extranjeros para financiar sus instituciones corren el riesgo, entre otras cosas, de reducir potencialmente las plazas disponibles para los estudiantes estadounidenses que lo merecen y, si no se investiga adecuadamente, de saturar el campus con valores perjudiciales como el antisemitismo y otros valores antiamericanos, lo que crea graves riesgos para la seguridad nacional», se lee en el pacto.
Las instituciones también serían responsables de publicar indicadores de distribución de calificaciones, publicar los ingresos medios de los graduados por programa y reembolsar la matrícula a los estudiantes universitarios que se retiren durante su primer semestre.
Aunque el acuerdo es voluntario, las universidades que lo firmen y luego no cumplan con sus obligaciones podrían verse obligadas a devolver tanto los fondos federales como las contribuciones privadas recibidas durante el año, según el informe. Los responsables de las universidades serían responsables de certificar el cumplimiento del pacto cada año, junto con una encuesta independiente realizada a los profesores, los estudiantes y el personal.
«La universidad llevará a cabo anualmente, o contratará a una entidad externa para que lo haga, una encuesta independiente, de buena fe, rigurosa desde el punto de vista empírico y anónima entre sus profesores, estudiantes y personal, brindándoles la oportunidad de evaluar el cumplimiento de la universidad con respecto a este pacto. Los resultados de dichas encuestas se harán públicos y estarán disponibles en el sitio web de la universidad», reza el pacto. «El cumplimiento de este acuerdo estará sujeto a revisión por parte del Departamento de Justicia».
Según la carta enviada a Mahoney, quienes firmen este pacto enviarán una señal clara de que las universidades están cumpliendo con las prioridades federales.
«El Gobierno federal tendría la garantía de que las instituciones firmantes están cumpliendo con la legislación en defensa de los derechos civiles y aplicando con vigor las prioridades federales», se lee en la carta.
Este pacto llega tras meses de tensión entre la Administración Trump y las principales universidades del país en torno a las prácticas de diversidad y el antisemitismo en los campus. Algunas instituciones, como la Universidad de Columbia y la Universidad de Brown, han llegado a acuerdos multimillonarios con la Administración, mientras que otras, como la Universidad de Harvard, siguen sumidas en disputas.
La propia universidad se enfrentó a presiones del Departamento de Justicia en relación con sus políticas de admisión, las preocupaciones en torno al antisemitismo y las prácticas de diversidad, equidad e inclusión, lo que concluyó con la renuncia del expresidente de la universidad, Jim Ryan. En una reunión de la Junta de Visitantes celebrada el 12 de septiembre, Mahoney anunció que se habían cerrado dos investigaciones sobre la universidad por parte del Departamento de Justicia, aunque otras cinco investigaciones siguen en curso.
Además de la universidad, entre las instituciones invitadas se encuentran el Dartmouth College, la Universidad de Vanderbilt, la Universidad de Pensilvania, la Universidad del Sur de California, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Texas, la Universidad de Arizona y la Universidad de Brown.
Según la carta que acompaña a la propuesta, las universidades tienen hasta el 20 de octubre para presentar comentarios «limitados y específicos». La administración Trump ha declarado que tiene la intención de finalizar el texto y conseguir los primeros firmantes antes del 21 de noviembre.
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